El documento recoge el acuerdo y voluntad de ambas organizaciones de colaborar coordinadamente y dentro de sus ámbitos de actuación en varios puntos de interés común, entre los que destacan los siguientes:

• El reconocimiento de que estos servicios básicos son esenciales para la comunidad y deben ser garantizados por las administraciones públicas, independientemente del operador que preste el servicio.
• Defender la libertad de la administración titular del servicio para la elección del modelo de gestión que entienda se ajusta mejor a sus necesidades específicas, ya sea directa (pública) o indirecta (privada o mixta).
• Garantizar que la calidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales son iguales para todos los ciudadanos independientemente del tamaño de la población donde residan.
• Garantizar que los importes económicos recaudados por la prestación de los servicios de gestión del agua (cánones y tarifas) revierten siempre en la mejora del servicio y de las infraestructuras necesarias para su prestación.
• Colaborar en la búsqueda de mecanismos de financiación, públicos y privados, parala mejora y reposición de las infraestructuras existentes y para la construcción de las nuevas infraestructuras necesarias en el futuro.
• Mejorar los mecanismos de regulación del sector para propiciar una gestión más eficiente, favoreciendo los mecanismos de comparación de la gestión realizada por los distintos operadores, instando para ello a la creación de un organismo o autoridad nacional reguladora.
• Favorecer la protección de las clases sociales más vulnerables, para lo cual la administración debe garantizar el acceso a la información de los mismos.
• Promover para el agua el IVA súper reducido para minimizar su impacto para la mayoría de la ciudadanía en un bien tan esencial.

 

Fuente y fotografía: Tecnoaqua