– Sáenz de Santamaría: «Es un hito histórico en la lucha contra el cambio climático». El Consejo de Ministros autorizó este viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la firma del Acuerdo de París, el primero de alcance universal contra el cambio climático y que estará abierto a que los países lo rubriquen el próximo 22 de abril en una ceremonia de alto nivel organizada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en Nueva York.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con esta autorización, “España muestra una vez más su compromiso en la lucha contra el cambio climático”.
“El Acuerdo de París para este Gobierno es un hito histórico en la lucha contra el cambio climático, fundamental para la promoción de un desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima y sostenible. Supone un avance muy importante de la comunidad internacional, que por primera vez consigue una participación universal de todos los países y abre importantes oportuniades para el desarrollo sostenible y bajo en emisiones, en el que la innovación, las inversiones y las nuevas tecnologías juegan un papel clave”, apuntó.
El Acuerdo de París entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que al menos 55 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, y surtirá efectos a partir de 2020, en sustitución del Protocolo de Kioto.
AUMENTO MÁXIMO DE 2ºC
Un total de 195 países y la UE adoptaron el pasado 12 de diciembre el Acuerdo de París con el propósito fundamental de que el planeta no se caliente más de 2ºC respecto a los niveles preindustriales, para lo cual todos los Estados se comprometen a presentar contribuciones para que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo “lo antes posible”.
Los países admiten que “el cambio climático es un problema común de la humanidad” y es necesaria “una respuesta progresiva y eficaz” sobre la base de los mejores conocimientos científicos, por lo que se comprometen a adoptar medidas para combatirlo respetando sus obligaciones relativas a “los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables, y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional”.
El objetivo a largo plazo es que el aumento de la temperatura media global esté “muy por debajo de 2ºC” respecto a la era preindustrial, con una mención a “proseguir los esfuerzos” para que limitar ese incremento en 1,5ºC, lo que “reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático” con medidas para combatirlo, siempre que ello “no comprometa la producción de alimentos”.
Los Estados se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lleguen a su punto máximo “lo antes posible”, aunque teniendo en cuenta que los países en desarrollo “tardarán más en lograrlo”, para a partir de entonces reducir “rápidamente” esas emisiones y llegar “en la segunda mitad del siglo” a un equilibrio entre los gases contaminantes y la absorción de CO2 causados por el ser humano.
Para ello, los países tienen que elaborar planes climáticos, llamados “contribuciones determinadas a nivel nacional”. Los desarrollados están llamados a encabezar los esfuerzos en la reducción de emisiones de gases contaminantes y a los países en desarrollo se les alienta a que lo hagan “con el tiempo». En 2018 habrá una evaluación de cuál será la situación en ese momento y en 2020 habrá una actualización de esos compromisos nacionales.
Para alcanzar los objetivos recogidos en el Acuerdo de París, los países desarrollados se comprometen a movilizar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 a través de fuentes públicas y privadas, compromiso que se revisará al alza antes de 2025.
Respecto de los países en desarrollo, se establece la posibilidad de que participen voluntariamente en materia de financiación, aumentando así por primera vez la base de donantes en la lucha contra el cambio climático.

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