La Comisión Europea ha reconocido en dos informes el esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno de España y las comunidades autónomas en la aplicación de la Directiva de Inundaciones y la puesta al día en la prevención de estos fenómenos naturales.
En un primer informe, el Ejecutivo comunitario destaca la labor realizada para elaborar la evaluación preliminar del riesgo de inundación, un trabajo que delimita las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, según informó este miércoles el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Comisión valora que España haya utilizado una metodología conforme a lo establecido por el propio Gobierno comunitario, en la que se incluye un análisis de los tipos de inundaciones posibles y los estudios técnicos que se han realizado.
Además, destaca que España ha sido el país europeo que más inundaciones históricas ha identificado, lo que ha permitido hacer un análisis importante de los daños que las inundaciones han provocado en nuestro país a lo largo de la historia.
En un segundo informe, la Comisión Europea destaca la información publicada por las confederaciones hidrográficas en sus portales web, concretamente los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, y destaca la robustez del Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables, que actualmente se está elaborando.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
La evaluación preliminar del riesgo de inundación y los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación forman parte del proceso de implantación de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 15 de enero, y cuya implantación permitirá disminuir los daños que producen las inundaciones en España, tanto sobre las personas como sobre los bienes y propiedades.
Esos planes se enmarcan en los 16 planes hidrológicos a los que el Consejo de Ministros dio luz verde la semana anterior (los 12 con competencia estatal y 4 de ámbito autonómico) e incluyen más de 1.000 medidas, para los que se destinarán cerca de 800 millones de euros hasta 2021.
Estas medidas fomentarán la coordinación entre administraciones, mejorarán los sistemas de información y alerta, y el estado de los ríos y de la costa, en tanto que se actualizarán los planes de protección civil, se realizarán campañas para el incremento de la percepción de riesgo y se trabajará para compatibilizar las inundaciones y la ordenación del territorio.
Fuente y fotografía: El Economista
