El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha explicado este miércoles que el Govern ha abierto un expediente informativo para esclarecer «el impacto que han tenido» las irregularidades en la facturación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) detectadas recientemente por la Oficina Antifraude de Catalunya.
El Ejecutivo catalán quiere comprobar «si las razones que ofrece Antifraude son suficientes como para emprender acciones» para preservar el buen funcionamiento del organismo, ha destacado Rull en el pleno del Parlament al ser preguntado sobre la gestión de la ATLL por la diputada de C’s Marina Bravo.
Sobre si el Govern emprenderá medidas si se confirma algún tipo de ilegalidad, Rull ha dicho: «Tenemos que mirar como tomamos las decisiones para hacerlo sin precipitarnos y de una manera sostenible».
El hecho de que Antifraude detectara irregularidades en facturas de la ATLL «demuestra que los mecanismos de control de la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua (ACA) funcionan», y que son una garantía para los ciudadanos.
Rull ha explicado que, «en el momento en que la ACA tuvo conocimiento de que había una relación entre la concesionaria y una operadora no autorizada, se paró automáticamente» el contrato.
También ha defendido que la concesión de la ATLL a Acciona se hizo «adecuadamente» y con el objetivo de lograr liquidez en un momento en que la Generalitat estaba muy endeudada y estaba en peligro la sostenibilidad de la ACA.
«Necesitábamos liquidez para hacer frente a las obligaciones: o se hacían recortes o se buscaban formas para obtener recursos», y la concesión a Acciona sirvió para mejorar la situación sin repercutir en la calidad ni el precio del servicio, ha destacado.
PLANTEAR LA REVISIÓN DE LA CONCESIÓN
Se ha abierto a «plantear la revisión de la concesión, no fruto de decisiones judiciales, sino de decisiones políticas», y ha animado a los grupos que quieran cambiar la gestión de la ATLL a presentar propuestas para que el Parlament las debata y decida.
«Si la mayoría considera que debe haber un cambio de gestión, se debe valorar, siempre teniendo en cuenta los costes y los elementos» para evitar que repercuta en la tesorería de la Generalitat y en la factura de los consumidores.
Fuente y fotografía: La información
