En España, los ciudadanos gozamos de unos servicios de agua urbana muy satisfactorios. Sin embargo, el sector se enfrenta a una serie de retos que deben ser abordados para garantizar la sostenibilidad del servicio, siempre con el objetivo de progresar en la eficiencia y la universalidad, asegurando el derecho humano al agua y la satisfacción de las demandas sociales de la ciudadanía.

Por todo ello, desde la Agrupación Sectorial del Agua -AEAS, AEDyR, AGA, AQUAESPAÑA y ASAGUA- se recomienda:

1. Plantear un esfuerzo inversor sostenido para renovar el gran patrimonio en infraestructuras y equipamientos que, tras muchos años sin dedicarle los adecuados presupuestos, está envejeciendo, con el consiguiente riesgo de perder los actuales niveles de calidad de los servicios de abastecimiento y el saneamiento. Sin olvidar que tenemos que invertir en obra nueva por la obligación de terminar de dotarnos de las instalaciones de depuración de aguas  residuales imprescindibles para proteger  y  mejorar las  condiciones ambientales de nuestro dominio público acuático. Parece evidente que, dadas las condiciones de control y limitación de la deuda pública y la coyuntura económico?financiera, será preciso progresar en los mecanismos de colaboración público?privada para cumplir dichos objetivos.

3. Para disponer del soporte normativo que requerirán las demandas citadas se hace necesario el establecimiento de un “Regulador” general, cuyo objetivo debe ser el de armonizar los niveles de prestación de los servicios, las estructuras tarifarias, y la transparencia, la involucración y participación de la ciudadanía, buscando siempre la eficiencia en el desempeño de estos servicios públicos, y cuya orientación, estrategia   y acciones responderán a los objetivos, criterios y sensibilidades sociales. El Regulador, basado en criterios técnicos independientes, rigurosos  y  transparentes  podrá  emplear procedimientos  como  la  comparación  entre indicadores  y  grados  de  cumplimiento de hitos  y  metas  como  acicate  para  favorecer  la competencia y optimizar su desempeño, y contribuirá a la seguridad jurídica de los actores involucrados.  Esta  figura  asegura  la continuidad  de  las  ventajas  del  actual  equilibrio competencial, pero introducirá también elementos de optimización de la eficacia y la eficiencia, de la sostenibilidad y de la sensibilidad social.

4. Sería ideal que estas tres demandas genéricas se englobaran en un pacto político entre las diferentes fuerzas parlamentarias, tantas veces demandado por el sector. En él habría que añadir el impulso a la tecnología y a la innovación, realizado mediante otros instrumentos más transversales de política industrial, formación y empleo, siguiendo el impulso europeo en este eje estratégico, y que serán imprescindibles para progresar y consolidar tanto nuestro ejemplar, y referente, modelo de gobernanza pública como nuestro reconocible liderazgo empresarial a nivel mundial en este sector.

Desde ASAGUA, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua y miembro de la Agrupación, suscriben estas recomendaciones para el Gobierno que surja de las próximas elecciones.

En ASAGUA se considera que nuestra industria del agua está en la vanguardia mundial en tecnologías y know how y no podemos perder ese liderazgo. Para ello es fundamental apoyar al sector y la mejor manera, sin duda, es hacer resurgir la inversión pública y la implantación de un marco legal que permita el desarrollo definitivo de la colaboración público–privada.

España es un país pionero en la gestión del agua, con unas fortalezas indiscutibles, como contar con una Administración central competente que en estos momentos sabe perfectamente lo que hay que hacer gracias a la buena labor técnica de la Dirección General del Agua; así como tener unas empresas con capacidad probada y aprobada en todo el mundo, con unos técnicos imaginativos y muy bien formados y una I+D+i a la que solo le falta dinero privado.

ASAGUA considera que entre los importantes problemas que constriñen al sector se encuentran la falta de inversiones en infraestructuras y conservación, las bajas en las licitaciones, las deudas de las administraciones públicas y la ausencia de una normativa global que permita el desarrollo integral del ciclo urbano del agua.

Este abandono de las inversiones que, en materia de agua, afecta tanto a las nuevas infraestructuras como a la conservación de las existentes, ha causado un daño considerable, que no solo incide en las empresas, sino que se acusa en el medioambiente.

La causa de esta situación se ha de buscar en la falta de una política de Estado que integre las necesidades sobre agua de todo el país y les dé una solución unitaria impregnada de solidaridad.Todo el mundo parece aceptar la universalidad del derecho al agua, sin embargo no hay una única idea de cómo hacerlo efectivo. Y este es el problema. Para que ese derecho sea pleno, además de disponer de agua, esta tiene que ser de calidad y, una vez utilizada, debe ser recogida y tratada convenientemente para que no contamine antes de volver al ciclo.

El sector del agua está atenazado, pero no hay duda que tiene un futuro halagüeño por el papel que España juega en Europa y porque así lo exige el incremento y conservación del patrimonio hidráulico que, en esencia, es garantía de progreso.

Si se invierte lo que se precisa en los próximos años, volverá el empleo y España seguirá siendo el país de referencia en materia de agua. Por todo ello, ASAGUA suscribe las recomendaciones realizadas por la Agrupación Sectorial del Agua al gobierno que surja de las próximas elecciones generales.

Fuente y fotografía:  Aguas residuales