La Audiencia de Barcelona juzga esta semana a tres responsables de dos empresas metalúrgicas de Torelló (Osona) por la grave contaminación de las aguas del pueblo y del río Ges desde 1991 en el 2001. La Fiscalía de Medio Ambiente pide tres años de prisión, tres de inhabilitación y 1,3 millones de euros en indemnizaciones y multas para tres responsables de haber vertido directamente en los acuíferos, pozos y en el río Ges los residuos clorados de sus máquinas sin ningún tipo de filtro. El vertido continuado y prolongado en el tiempo causó la muerte de peces y la contaminación del agua potable del pueblo.

Durante este primer día de juicio, uno de los responsables de la investigación policial que hicieron los Mossos d’Esquadra, ha explicado que las conclusiones apuntaban a que la contaminación tenía sus focos en los pozos de estas empresas. “Está muy claro que este pozo está muy contaminado”, ha señalado el testigo. Las defensas de los acusados han buscado errores en el atestado amplio y complejo con el objetivo de rebajar su credibilidad.

Los hechos

La fiscalía acusa al presidente del Consejo de Administración, consejero delegado y director general de las dos empresas, muerto en el 2006, además del director gerente de Covit, Liber Antonio S.T., el gerente adjunto de la misma empresa, Carlos P.M., y al director técnico y de producción de Vem de Tapas Metálicas, Ramon T.S.. Las dos empresas se dedicaban a hacer utensilios metálicos para el hogar, y para hacerlo utilizaban percloroetileno (POR), disolvente industrial organoclorado que servía para limpiar y desengrasar las piezas metálicas fabricadas. Dos máquinas de Covit y una de Vem utilizaban este producto, y producían residuos líquidos como el tricloroetileno y el tetracloroetileno, de especial y elevada toxicidad. Estos residuos tenían que ser recogidos, almacenados y entregados a una empresa especializada de tratamiento de residuos químicos industriales. Pero para ahorrarse el coste de este tratamiento, Covit y Vem, ubicados en el polígono industrial Puigbacó de Torelló, vertían ilegalmente los residuos en el río Ges, que pasaba por el lado, o en dos pozos de captación de aguas ubicados en sus instalaciones.

Covit disponía de una estación depuradora de aguas residuales, y tenía autorización administrativa para verter las aguas residuales previamente depuradas al río Ges, junto con el agua sanitaria y la de refrigeración. En cambio, Vem no tenía ningún sistema de depuración de aguas. El vertido continuado provocó la contaminación de las aguas superficiales del Ges y de su ecosistema natural, así como del acuífero y de los pozos de captación de agua potable de Torelló, cosa que provocó un grave riesgo para la salud pública de sus habitantes.

Detección 10 años después

Fue en otoño del año 2000 cuando la empresa concesionaria del suministro de agua en Torelló, Sorea, detectó grandes concentraciones de disolventes clorados en el río Ges y en los pozos de captación de Torelló, situados bastante lejos, cerca de la zona deportiva y las piscinas municipales, con proporciones hasta dos veces superiores a las legalmente permitidas. Eso provocó que en enero del 2001 el Ayuntamiento de la localidad llevara el caso a la fiscalía, y la Agencia Catalana del Aigua (ACA) hizo lo mismo. Se tuvieron que clausurar los pozos, que suministraban el 60% del agua potable del municipio, y se tuvieron que encontrar nuevas fuentes de suministro. Estos residuos son bioacumulables en el cuerpo humano, además de provocar cáncer, depresión del sistema nervioso central y malformaciones fetales, se pueden absorber por vía respiratoria, dérmica y digestiva. También provocan irritación en la piel, impiden el uso del agua para usos agrícolas y también como agua de consumo para animales. Además, son de degradación lenta y la contaminación puede durar muchos años.

Los diversos análisis químicos y la investigación policial confirmó que las dos empresas contaminaban las aguas de forma ilegal. En una inspección en marzo del 2001 se detectó que un tubo de conducción de aguas residuales de Covit iba directamente al Ges sin pasar por la depuradora, y otro tubo se había conectado hacía poco a la estación. Además, se comprobó que los acusados, después de las primeras inspecciones policiales, habían instalado sistemas de recogida de residuos. Los análisis en varios puntos encontraron concentraciones de los disolventes clorados en proporciones de hasta 2,4 millones de microgramos por litro, cuando el máximo permitido era de 10 microgramos por litro. Los gastos de descontaminación y limpieza costaron 1,2 millones de euros al ACA y el Ayuntamiento de Torelló, pero según el Grup de Defensa del Ter una amplia zona del subsuelo próxima a los pozos y al acuífero del río Ges todavía queda contaminada.

Reclamaciones ecologistas

Por todo eso, la fiscalía pide a los tres acusados tres años de prisión, tres de inhabilitación para actividades industriales, una multa de 86.400 euros y hacerse cargo de los gastos de descontaminación por los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro por daños al dominio público hidráulico. El ACA, el consistorio y el Grup de Defensa del Ter (GDT) también están personados en la causa. El juicio acabará previsiblemente el viernes. El GDT se queja de que el juicio haya tardado tanto al celebrarse, cosa que califica “de indignante” y cosa considera que “deja en evidencia la ínfima calidad de la justicia”. Según los ecologistas, el retraso se debe al hecho de que las empresas acusadas han contratado un “influyente bufete de abogados de Madrid, en manos de exjueces de la Audiencia Nacional,” cosa que ha supuesto un “rosario de recursos y reclamaciones que han conseguido la eternización del proceso y varios intentos de archivar la causa sin juicio”. De hecho, el escrito de acusación de la fiscalía es de mayo del 2010 y el pasado mes de julio ya se suspendió el juicio a petición de las defensas.

El GDT afirma que el juicio no hace peligrar ningún puesto de trabajo, ya que la responsabilidad civil y penal recae sobre los responsables de entonces, y las empresas ahora son propiedad de un fondo de inversión. En un comunicado, el GDT afirma que los años de sequía han sido un “calvario” para el aprovisionamiento de agua en Torelló, ya que dos de los tres pozos todavía están contaminados. Por eso, se ha construido una nueva planta potabilizadora de agua en Torelló que capta agua del Ter y da suministro en el norte de la comarca de Osona. La planta ha costado casi 9 millones de euros.

Fuente y fotografía: La Vanguardia