El Consejo de Estado recomienda que se abra un expediente para «dilucidar las eventuales responsabilidades» en las que hubieran podido incurrir «las autoridades y funcionarios»que intervinieron en las anomalías detectadas en la tramitación y financiación de la concesión de la desaladora de Santa Eulària y «ejercitar las acciones» que se estimen pertinentes.
Así lo dictamina el informe del órgano consultivo del Estado, del 12 de noviembre, que concluye que se debe resolver el contrato de explotación de la desaladora con la UTE formada por Aqualia, Gestión Integral del Agua S. A. y Servicios y Procesos Ambientales S. A. mediante el pago de 25,6 millones de euros, que es solo el precio de las obras ejecutadas, más intereses. La adjudicataria reclama algo más de 41 millones al incluir el lucro cesante, entre otras cuestiones.
Este dictamen permitirá que el Consejo de Ministros apruebe antes de las elecciones del día 20 la resolución del contrato de la concesión y la cesión de la infraestructura a la Comunitat Autònoma para su puesta en marcha, más de cuatro años después de su finalización.
Posible reclamación del Estado
El Consejo de Estado también abre la puerta a que el Estado reclame al Govern balear la cuantía que se abone («todo o parte») para resolver el contrato, puesto que resulta «bien patente» que «la causa última» que ha imposibilitado el funcionamiento de la planta, cuyas obras culminaron en noviembre de 2011, «debe considerarse imputable a la Comunitat Autònoma» al impedir su conexión a la red de distribución alegando «razones económicas». En concreto, el Ejecutivo balear se negó a recepcionar la obra para no repercutir en los recibos de agua de los ciudadanos un sobrecoste de las instalaciones.
Informe Abogacía del Estado
Fuentes de la dirección regional del PP sostienen que el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente es el de ceder gratis la planta al Govern balear, pero la Abogacía del Estado emitió en agosto un informe en el que señalaba: «De ser posible y previo análisis, deberá valorarse la posibilidad de repetir contra el gobierno balear [reclamar lo que se pague a la concesionaria] si se dieran los requisitos para ello como indiciariamente se apunta en el expediente».
El Consejo de Estado recomienda la apertura de una investigación para depurar responsabilidades después de expresar, en su dictamen, su «preocupación» por «la defectuosa técnica empleada en la programación, ejecución y financiación» de la desaladora.
Sin informe previo de viabilidad
En este sentido, el informe subraya que la Ley de Aguas establece que «la previsión de nuevas infraestructuras debe ir necesariamente acompañada de un estudio que justifique su viabilidad desde una perspectiva económica, técnica, social y también ambiental, contemplando muy especialmente el modo en que se proveerá su financiación y la recuperación en su caso de los costes invertidos».
El Plan Hidrológico aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2001, dirigido entonces por Jaume Matas, declaró de interés general la construcción de la desaladora de Santa Eulària. La Ley de Aguas hace «particular hincapié», dice el Consejo de Estado, en que el informe de viabilidad de la obra ha de ser «previo incluso a su declaración de interés general». En el caso de la planta de Santa Eulària no consta, en cambio, ningún estudio de viabilidad, al menos «no consta nada al respecto en el expediente», advierte el dictamen.
Tirón de orejas al Estado
El cuerpo asesor del Estado da otro tirón de orejas al Gobierno por el hecho de que el convenio de colaboración con el Govern, en el que se regulaban «aspectos de indudable relevancia para la financiación del proyecto», se suscribió después de que se decretara la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato y que se hubieran presentado además las ofertas por parte de las empresas interesadas. «No parece lo más apropiado», destaca el informe, que señala que, entre otras cosas, el convenio recogía la posible cofinanciación del proyecto con fondos europeos y que la parte que no aportase la UE se repercutiría en las tarifas de consumo de agua.
Retraso de 71 meses
Tampoco cumple «las exigencias de un buen orden administrativo» que se decretara la licitación del proyecto en febrero de 2003, la mesa de contratación elevara su propuesta el 6 de febrero de 2004 y se adjudicara el 19 de septiembre de 2005, dos años y siete meses después. Del mismo modo, el Consejo de Estado recrimina a la Administración central que una obra cuyo plazo de ejecución era de 21 meses, se hiciera en 92 meses (del 19 de junio de 2006 al 30 de noviembre de 2011). «Por no hacer mención a los defectos e imprevisiones de un proyecto técnico que necesitó de una relevante modificación [ampliación de la capacidad de producción, cambio del sistema de captación del agua y del sistema eléctrico…] para resultar adecuada a los fines pretendidos y que obligó a decretar la suspensión temporal de la obra, así como también a los problemas de la falta de conexión de la desaladora a la red de distribución de agua por razones imputables a la Comunitat Autònoma», indica.
Amonestación y mala imagen
El dictamen apunta que todas estas consideraciones influyeron «decisivamente» en las incidencias que se han producido. «De ahí, que este Consejo se sienta en la obligación de formular a los órganos gestores de la Administración una severa admonición [amonestación] para que extremen el rigor y el celo en lo que se refiere a la gestión de la contratación pública y, más concretamente, en la planificación de las obras primero y en la preparación de los contratos después», resalta el informe, que agrega que no hay que obviar la importancia de la vigilancia durante la ejecución de las obras para evitar «situaciones poco deseadas», como la de la concesión de la planta de Santa Eulària», que «redunda en el perjuicio del interés general y de la propia imagen de los poderes públicos y, desde luego, en detrimento de la Hacienda pública».
Fuente y fotografía: Diario de Ibiza
