Los informes técnicos municipales rechazan su construcción en zona verde -Araúxo acusa a Augas de «falta de lealda de institucional» y de «violentar a vonta de popular».
El gobierno local de Gondomar tramita desde ayer la paralización de la estación de bombeo que Augas de Galicia trata de construir en la parcela municipal de As Garzas. Los portavoces del tripartito se reunieron de urgencia para tomar la decisión en base a los informes emitidos por los servicios jurídicos y técnicos municipales, que apuntan a una «infracción urbanística muy grave» por parte de la Xunta al realizar las obras en una zona verde ubicada junto al río Miñor, un espacio protegido según la normativa. Los trabajos carecen de licencia, aunque no la necesitan por tratarse de un proyecto de interés público, según ha argumentado el organismo autonómico, que persiste en continuar la obra para evitar la pérdida de una ayuda de 1,8 millones de euros, que la UE condiciona a que el plan de saneamiento culmine al terminar el año.
El gabinete de crisis del Ayuntamiento se desarrolló durante la mañana de ayer, después de que un grupo de vecinos se plantase la tarde del lunes ante las máquinas, que continuarán con el destierre hasta que la adjudicataria del proyecto reciba la resolución oficial de suspensión de la obra. Un momento que llegará en las próximas horas, o incluso días, en cuanto estén listos los nuevos informes técnicos que justificarán legalmente la medida, según explicó el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo.
El Concello contraataca así ante la «falta de lealdade institucional» que, según el edil, muestra Augas de Galicia, organismo al que acusa de «violentar a vontade popular, pasar por riba da legalidade urbanística vixente e, mesmo do sentido común» al empeñarse en ubicar el pozo en la misma zona pese a ofrecerle el Concello dos alternativas «perfectamente viables e de menor custo».
«Desde o Concello imos responder con todas as ferramentas legais das que dispoñemos e imos estar ao lado da veciñanza afectada», recalcó el concejal ante la preocupación de los residentes en la urbanización As Garzas ante la posibilidad de que el pozo de bombo genere malos olores y ruidos junto a sus viviendas.
Así, el tripartito acordó además revisar de oficio el acuerdo plenario del 12 de noviembre de 2010, que posibilitó la cesión de los terrenos a la Xunta durante el mandato del exalcalde popular Martín Urgal. El actual gobierno sospecha que aquella resolución es nula porque carece de informes técnicos municipales. El exregidor y su socio y concejal de Urbanismo, Alfonso De Lis, habían apartado a la secretaria municipal y a la técnica de Urbanismo de sus funciones y contratado a un asesor jurídico externo para otorgar licencias con el Plan Xeral anulado. Por esta decisión fueron condenados a ocho años de inhabilitación.
Fuente y fotografía: Faro de Vigo
